En el año 2020, el mundo observó con consternación los actos de violencia que tuvieron lugar en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Estos hechos tuvieron lugar en el día en que se debía proclamar la fórmula presidencial ganadora. Joseph Biden fue elegido presidente al obtener 306 votos, mientras que Donald Trump obtuvo 232 votos. En los Estados Unidos, la elección presidencial es indirecta y el 6 de enero de 2021, ambas cámaras del Congreso debían certificar los resultados del Colegio Electoral.
Sin embargo, ese día, aún en el cargo de presidente, Donald Trump se dirigió a sus seguidores y afirmó que había ganado las elecciones de manera contundente y que nunca reconocería otra cosa. Esto llevó a un grupo de seguidores enfurecidos a irrumpir violentamente en el Congreso, atacando a empleados y obstaculizando el proceso.
Recientemente, los estados de Colorado y Maine han bloqueado la posibilidad de que Donald Trump sea candidato en las elecciones estatales de este año. Más de una decena de estados están considerando seguir el mismo camino. Uno de los principales argumentos utilizados es la sección tercera de la Enmienda XIV de la Constitución, que prohíbe a aquellos que hayan participado en una insurrección o rebelión contra el país, y hayan jurado defender la Constitución, ser senadores, diputados, electores o funcionarios públicos.
Donald Trump ha instado a la Corte Suprema a intervenir en su caso. Sus defensores argumentan que si se mantiene la inhabilitación, sería la primera vez en la historia del país que una decisión judicial impide a los electores votar por el candidato líder de uno de los principales partidos.
La ciudadanía estadounidense espera con expectación el pronunciamiento del tribunal supremo después de los violentos eventos ocurridos en 2021. Esta situación tiene importantes implicancias para el futuro político de Donald Trump y podría marcar un precedente histórico en la justicia electoral del país.
