El juez federal en lo contencioso administrativo, Esteban Furnari, admite el tratamiento de la primera demanda presentada contra el mega DNU firmado por Javier Milei. Además, ordena su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos.
El proceso judicial se encuentra en su etapa inicial y no implica un pronunciamiento sobre la admisibilidad o procedencia de la demanda contra el DNU. Sin embargo, el Estado nacional, como demandado, deberá responder a los cuestionamientos surgidos a partir de la firma del decreto, el cual tiene como objetivo desregular la economía. Para tomar una decisión, el juez deberá llevar a cabo una serie de medidas de prueba.
Al admitir un proceso colectivo, se evita la posibilidad de que haya otras acciones legales, ya que todos los casos se concentran en uno solo. En caso de que este proceso sea rechazado, se establecería una situación de cosa juzgada para todas las personas involucradas.
El presente proceso será inscripto en el Registro correspondiente, sin que esto implique un juicio en esta etapa sobre la admisibilidad formal del amparo o su procedencia, ni tampoco sobre el pedido cautelar. El juez también ha remitido el caso al Ministerio Público Fiscal para que emita su opinión sobre la demanda.
La demanda ha sido presentada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, con la firma del economista Claudio Lozano. Además, cuenta con la adhesión de los dirigentes sindicales de ATE Hugo “Cachorro” Godoy y Rodolfo Aguiar. Todos ellos sostienen que el DNU viola derechos constitucionales.
Entre los argumentos de la demanda se destaca que el decreto vulnera los principios de división de poderes y bicameralismo establecidos en la Constitución, así como los principios democráticos y de corrección funcional. También se señala que el DNU no busca solucionar una situación de emergencia de manera transitoria, sino establecer un nuevo rumbo social y económico permanente para el país.
Otra demanda presentada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez se encuentra actualmente a cargo del juez federal Pablo Cayssials, aunque podría acumularse en el juzgado de Furnari.
La defensa del Poder Ejecutivo en estas demandas estará a cargo de Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de la Nación y jefe de los abogados del Estado. Barra tiene una amplia trayectoria en el ámbito del derecho administrativo y mantiene una buena relación con Sergio Fernández, camarista en lo contencioso administrativo con gran influencia en ese fuero.
Una vez resuelta por el juez de primera instancia, la demanda podrá ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, en última instancia, ante la Corte Suprema de Justicia.
