Investigaciones y allanamientos a los lideres de una organización piquetera.
Los allanamientos realizados sobre dirigentes piqueteros, donde se secuestró dinero y documentos supuestamente provenientes de planes sociales que recibían del Estado, fueron el resultado de una investigación que reveló una estructura jerárquica de cinco niveles en la que los referentes y delegados piqueteros cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos. El análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp también reveló un sistema extorsivo, con premios y castigos por marchar, vender comida del Estado o realizar otros encargos.
El caso se inició en diciembre del año pasado, antes de la primera gran marcha piquetera contra Javier Milei, cuando el Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar supuestas extorsiones que realizaban los piqueteros para obligar a los beneficiarios de planes sociales a acudir a las manifestaciones. Hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias. Unos 45 casos fueron denunciados en la ciudad de Buenos Aires y sobre ellos se centró la investigación del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.
Con el avance de la investigación, se realizaron escuchas telefónicas directas sobre los acusados y se establecieron los mensajes que intercambiaban. El fiscal pidió allanar, detenerlos e indagarlos, pero el juez prefirió primero tomar declaraciones testimoniales. Hasta que la Cámara Federal dispuso los allanamientos realizados este lunes.
Los imputados, de quien el fiscal pidió la indagatoria, son Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
La investigación logró precisar al menos tres grupos de personas relacionadas con la gestión del Plan Potenciar Trabajo: los beneficiarios del plan, los que se dedicaban sistemáticamente a exigirles dinero a esas personas vulnerables, a quienes les reclamaban “cápitas”, “cuotas” o “alquiler de comedor”, y los cobraban por la entrega de alimentos que recibían gratis del Gobierno.
Según la investigación, también los obligaban a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con la ganancia, y los forzaban a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas, a repartir volantes de los candidatos, bajo amenaza de que, en caso de no cumplir, se les daría de baja de la prestación social o se les negarían los alimentos y la mercadería.
Fuentes judiciales indicaron que se comprobó la existencia de un sistema de control donde a las personas que no acudían a las manifestaciones se las sancionaba. Se tomaba asistencia en las movilizaciones al comienzo y al final, y se armaba una “lista de castigados” que debían “reparar” su mácula mediante el cumplimiento de nuevas tareas o el pago de una multa de hasta 10.000 pesos por la ausencia a cada marcha.
Se les exigía “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes”. Por ejemplo, de turnos médicos o trámites, y como castigo también se les prohibía retirar comida durante determinado tiempo.
Cinco niveles piqueteros
El fiscal Pollicita, al fundar la necesidad de indagar a los sospechosos, dijo que estableció la existencia de estructuras piramidales al interior de cada comedor.
Dijo que los que están en el estrato inferior se ubican en “listas de espera” y son personas que esperan cumplir determinadas movilizaciones para acceder al Plan Potenciar Trabajo; por encima de ellos, en un segundo escalón, están los “beneficiarios comunes”, que perciben la prestación social y, a cambio, se les exige dinero y su asistencia a las movilizaciones.
En un tercer escalón, señaló el fiscal, se encuentran personas a las que se los anota como beneficiarios del doble de la prestación social, a cambio de exigirles, además del dinero y las “movilizaciones”, otras tareas. Se los denomina “cuadrilla”, “esenciales” o “nexo”. Por encima de ellos, en un cuarto estamento, están los “delegados”, que perciben a veces el doble, triple o cuádruple de dinero, y exigen plata al resto, cobran las cuotas y dirigen las sanciones.
Y, finalmente, está el quinto escalón de la pirámide, conformado por los “referentes”, que dirigen la actuación de los delegados, intimidan a las víctimas y controlan la recaudación y la asistencia a las “movilizaciones”.
Entre los investigados hay referentes del Polo Obrero que estarían en el escalafón superior a los referentes de cada comedor, entre los cuales se identificó a Jeremías Cantero, que coordinaba el funcionamiento de varios comedores e intervenía desde en la toma de decisiones acerca de las exigencias de dinero y extorsiones, señaló el fiscal Pollicita. E identificó además a Elizabeth del Carmen Palma, quien se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social.
Cantero y Palma, según la acusación, intervendrían en las decisiones sobre el destino del dinero. Así, en una escucha telefónica del 27 de marzo pasado de 2024, Palma hablaba de la posibilidad de que la investiguen por lavado de dinero y por las “cooperativas que están recibiendo las cápitas”, y Cantero le contestó que debían pensar “un plan de adónde va eso”. Por eso la fiscalía sospecha que se canalizaron fondos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”.
También se detectaron los chats de Patricia Iramain, que publicó una lista de personas que no recibirán mercadería por no ir a las “movilizaciones”, o que serán degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por esa razón, mientras que a otros les dice que “ingresan a comedor” por haber cumplido con el tiempo fijado de asistencia a las “movilizaciones”.
En uno de los chats, una de las víctimas pide que se le tenga por justificada la inasistencia a una “marcha” y adjunta una constancia del turno médico y laboratorio que le impidió ir y en otra una víctima pregunta si la falta justificada sirve o no como asistencia. En otro chat, ante una pregunta puntual de una víctima, se le informa que está “sancionada” por no pagar el “alquiler del comedor” y que por eso no podrá retirar mercadería en todo el mes.
Asimismo, en otros chats se describe el sistema de “castigos” por no cumplir con las exigencias de los referentes, que no solo incluía la publicación de “listas de castigados” o “sancionados”, sino que también se les daba la posibilidad de “reparar” ese “castigo” a través de hacer diversas tareas.
Otro de los acusados, Gustavo Vásquez, escribió en un chat que “son muy pocos los que movilizan por conciencia” y, por eso, hizo que la “marcha” (que antes era una invitación) pasase a ser “obligatoria” y contara como “movilización”. Y avisaba: “De ahora en más yo dejo de ser permisivo” y que si tenía que “recategorizar” a alguien lo iba a hacer, para pasarlo a “lista de espera”.
Algunos párrafos de lo que declaran los testigos son significativos. “En las reuniones Gianni y Tango les gritaban y amenazaban de una manera violenta a los integrantes del com
