La situación de las Fuerzas Armadas en Rosario.
El agravamiento de la violencia derivada del tráfico de drogas ha generado un debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra este tipo de delitos. A pesar de que la ley de defensa nacional prohíbe explícitamente la intervención militar en asuntos internos, el Gobierno ha decidido limitar, por el momento, el papel de las fuerzas a tareas de apoyo logístico. Sin embargo, se ha expresado la intención de eliminar esta limitación legal para poder utilizar plenamente la capacidad militar en la lucha contra el creciente fenómeno del narcoterrorismo.
El uso del término “narcoterrorismo” se ha vuelto válido debido a que las organizaciones involucradas en el tráfico de drogas han comenzado a atacar a personas, empresas e instituciones ajenas a su actividad con el objetivo de sembrar terror. Cualquier persona inocente puede ser asesinada al azar por mercenarios, como ha sucedido recientemente en Rosario.
Se han planteado preocupaciones desde dos posturas opuestas. Por un lado, muchas voces dentro del sector militar han recordado la persecución que sufrieron en los años 70 como consecuencia de su intervención contra el terrorismo. Aún hoy, después de más de cuarenta años, hay casos judiciales abiertos en contra de militares, muchos de los cuales se encuentran en prisión a pesar de no tener una condena firme y de ser de avanzada edad. Por otro lado, desde sectores identificados con posiciones de izquierda, que aún simpatizan con el terrorismo de aquel entonces, se resisten a cualquier ampliación de la actividad militar.
Las Fuerzas Armadas no están preparadas ni equipadas para enfrentar un terrorismo clandestino que no utiliza uniforme y que opera en zonas urbanas. La inteligencia solo puede obtenerse a través de infiltración, delación y confesión, siendo estas últimas dos dificilmente voluntarias. La obtención de información para prevenir actos terroristas solo a través de la intercepción de comunicaciones resulta insuficiente. Por lo tanto, la represión exitosa del terrorismo puede derivar fácilmente en abusos y en la violación de los derechos de inocentes. En este sentido, no hay diferencia entre el uso de la fuerza policial y militar. Sin embargo, las Fuerzas Armadas están sujetas a una mayor exigencia moral por parte de la sociedad.
El claro riesgo de utilizar métodos ilegales que violen los derechos humanos no fue debidamente considerado al involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo en los años 70. Si bien había una razón comprensible, ya que los grupos guerrilleros practicaban el terrorismo pero también atacaban cuarteles y buscaban tomar el poder político, la respuesta internacional contra este fenómeno, liderada por la Unión Soviética y Cuba, llevó a que las Fuerzas Armadas de varios países de la región actuaran contra el terrorismo. Los excesos y desviaciones ocurrieron en estos países sin que los militares estuvieran preparados para ello.
Los métodos ilegales cesaron una vez que se derrotó al terrorismo, pero quedó la idea de que los líderes políticos que ganaron las elecciones convocadas por los que vencieron al terrorismo fueron los héroes del retorno a la democracia. Aunque el fin no justifica los medios, es difícil imaginar que hubiera democracia en los países que lograron vencer al terrorismo de los años 70 si estos no hubieran sido derrotados.
La acción del narcoterrorismo pone en peligro la seguridad, pero aún no la estabilidad de las instituciones de la Constitución. Por lo tanto, no hay razones para utilizar las Fuerzas Armadas en su combate, más allá del apoyo logístico que puedan brindar.
