Miguel Ángel Toma fue directivo del SIDE y fue Ministro es un especialista de los más importantes en materias de seguridad nacional, defensa interior e inteligencia estratégica. Ha dado una entrevista periodística donde ofreció definiciones trascendentales para la orientación del lector en esa problemática de la regulación de informaciones públicas y privadas.
“Eso evidentemente vulnera un principio constitucional, que es el derecho a la defensa. Es más, yo no soy abogado, pero cuando se consagra la posibilidad de que un imputado no diga la verdad en su favor, de hecho hay una una autorización implícita a la preservación de la reserva con el abogado que lo defiende, porque en el fondo apuntan exactamente lo mismo. Yo me remito simplemente a lo que señala la Constitución y, la verdad, es que no escuché lo que dijo Bullrich y no sé en qué contexto lo dijo, pero de todos modos, conceptualmente e independientemente de lo que haya dicho, es así”, declaró Miguel Ángel Toma en Big Bang News.
“El manejo de la inteligencia durante el gobierno de Macri fue pésimo, porque quienes estaban al frente de esa estructura realmente eran unas personas sin ningún tipo de conocimiento de la materia. Consecuentemente, cuando se desconoce, no hay profesionalidad, no hay experiencia en ese manejo. Quienes operan por debajo, pueden cometer cualquier tipo de barbaridad y si no hay una acción clara, precisa, de control, las cosas se van de la mano”, afirmó Miguel Ángel Toma.
Delimitó qué puede hacer y qué no puede hacer el SIDE: “Diferenciamos el espionaje de la inteligencia. El espionaje es la utilización de metodologías propias de la inteligencia, en función de acciones ilegales. Mientras que la inteligencia es la acción del Estado tendiente a proteger intereses estratégicos de la Nación, frente a amenazas que pueden ser externas o internas. Por ejemplo, para tener en claro, el caso de las RAM en el sur. Constituyen una amenaza a la soberanía territorial, porque quieren reconstruir la supuesta nación del Wallmapu, que implica una secesión territorial y una afectación de la soberanía nacional. Esa es una amenaza a un interés estratégico, de naturaleza interna. Sobre eso hay que hacer inteligencia. La ley obliga a hacer inteligencia sobre eso”.
Destacó que las “fuentes abiertas” son la clave: “sobre eso no hay legislación que la penalice. Pero cualquiera, por vía de las redes y lo que es la información abierta… a ver, y además cualquier particular hoy puede hackear un teléfono. Esto es terrible, pero es así. La tecnología ha llegado a tal extremo, que cualquiera puede activar su celular cuando usted está en una reunión, porque se lo hackea. En el fondo el celular es una computadora también. Entonces le activa el audio y escucha lo que usted está hablando en una reunión, que si es privada, nadie tiene por qué intervenir”.
Le preguntaron si se debía cambiar la actual ley: “Hay que actualizar. La 25.520, que fue una ley que consensuamos en su momento, yo era diputado y presidía la Comisión Bicameral de Inteligencia, pero era opositor. Fue en el año 2001, que el secretario de inteligencia era Carlos Becerra, y nos pusimos a trabajar en una ley que realmente fue aprobada prácticamente por unanimidad. Esa ley fue extraordinaria, en el sentido de que terminó derogar todos los decretos, decretos secretos, bandos militares, que regían la inteligencia hasta esa época. De manera que se constituye una estructura de naturaleza pública, una ley, que además creaba una comisión específica de seguimiento de la actividad de inteligencia, con normas muy precisas y de conocimiento público, como es en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, en todos los países democráticos. Ahora bien, esa ley que sigue siendo conceptualmente extraordinaria, hay que actualizarla porque han aparecido nuevas formas, como esta que estamos hablando, por el impacto tecnológico, que naturalmente tienen que ser incorporadas para actualizar esa legislación. Lo que hay que hacer es derogar la 27.126, que fue esta ley que sacó el kirchnerismo entre gallos y medianoches, e imponiendo una mayoría circunstancial, y que hizo barbaridades, estragos. A diferencia del anterior, que había sido de un altísimo debate y de consenso de todas las fuerzas políticas, modificó algunas partes que hacen que directamente haya que derogarla, para volver a la 25.520 hasta que podamos consensuar una nueva ley, que la actualice, pero manteniendo los valores de transparencia y de control, que se consagraron en esa primera ley del 2001″, declaró Toma.
