Con la autorización del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está implementando las medidas prometidas para desalentar las manifestaciones callejeras y está comenzando la segunda etapa de su plan antipiquetes. Además de garantizar la libre circulación durante las protestas, la estrategia de la ministra, presentada en el protocolo hace una semana, busca identificar a los manifestantes que violen la ley y, en caso de recibir beneficios sociales, privarles de ellos. También busca trasladar los costos de los operativos policiales a las organizaciones políticas y sociales que promuevan y participen de las movilizaciones.
En el entorno de la ministra afirman que están calculando los costos y finalizando la identificación de los manifestantes. En caso de que sean beneficiarios de planes sociales, se les quitarán como se ha prometido. Además, los costos del operativo recaerán sobre las organizaciones, quienes serán facturadas en las próximas horas.
Sin embargo, aún no se conocen detalles sobre cómo se distribuirán estos costos entre las organizaciones sociales. Además, dirigentes de izquierda, abogados de organizaciones sociales y expertos en seguridad dudan de la viabilidad de esta segunda etapa del plan de Bullrich y consideran que las posibilidades de que estas medidas prosperen son escasas.
Expertos en seguridad señalan que la identificación de los manifestantes a través de la videovigilancia es difícil de materializar y puede ser atacada judicialmente. Además, la forma de calcular los costos adicionales generados por los operativos es poco clara.
Las organizaciones sociales y políticas que participaron en la primera gran movilización contra el gobierno esperan ver los movimientos concretos y proyectan respuestas judiciales ante posibles acciones del gobierno. Consideran que las medidas planteadas por la ministra Bullrich son ilegales y vulneran derechos adquiridos. También expresan su rechazo a esta segunda etapa del protocolo anti-piquetes.
La implementación de estas medidas y el traslado de los costos de los operativos a las organizaciones sociales enfrentan resistencia y dudas por parte de diversos actores sociales y políticos.
