Ignacio Yacobucci pide la sanción rápida del proyecto que modifica la ley de lucha contra el lavado de activos
Ignacio Yacobucci, el candidato propuesto por el gobierno de Javier Milei para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), ha solicitado en el Senado la rápida sanción del proyecto que modifica la ley de lucha contra el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Yacobucci advierte que, de no hacerlo antes del próximo 3 de marzo, Argentina podría caer en la denominada “zona gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por países con legislaciones blandas en el castigo de este tipo de actividades.
El reclamo de Yacobucci no ha sido bien recibido, ya que tanto el Frente de Todos como la UCR se han negado a darle luz verde en comisión al proyecto de ley. Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en abril del año pasado, pero el kirchnerismo decidió dejarlo en el olvido a mediados del mismo año. A pesar de que el texto fue enviado al Congreso a fines de 2022 por el gobierno de Alberto Fernández a pedido del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
El proyecto tiene como objetivo adecuar la ley de lucha contra el lavado de activos a las exigencias del GAFI. Este organismo visitará el país el próximo 3 de marzo para realizar una revisión. El gobierno de Milei incluyó el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias y convocó a un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda para avanzar en la emisión de dictamen y dejarlo listo para su tratamiento en el recinto la semana próxima.
Ignacio Yacobucci alerta sobre las consecuencias de demorar la sanción de la ley. Argentina es uno de los últimos países en ser evaluado por el GAFI, junto con Omán. El país ya ha pedido dos prórrogas y se sabe que el GAFI no otorgará nuevas prórrogas. La adecuación de la legislación a los dictados del GAFI es fundamental para lograr el despegue del país. El incumplimiento de estas directivas podría tener consecuencias económicas para los ciudadanos, ya que el FMI exige el cumplimiento de las mismas como parte de las condiciones para acordar con las autoridades argentinas.
Sin embargo, el radicalismo y Pro muestran resistencia al proyecto. Tienen dudas sobre la autonomía de la UIF si se mantiene bajo la órbita del Ministerio de Economía y solicitan que dependa del Ministerio de Justicia o de la Procuración General de la Nación. Además, proponen que la designación del titular de la UIF esté en manos del Presidente, previa realización de una audiencia pública no vinculante.
El kirchnerismo evita hacer críticas directas al proyecto, ya que fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, se niega a avanzar con la firma del dictamen cuando Yacobucci y el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto, piden acelerar el tratamiento. El Frente de Todos no comenta las causas por las cuales el tratamiento se demoró el año pasado. Por su parte, Oscar Parrilli, responsable de que el proyecto no fuera tratado, guarda silencio ante la consulta de la senadora Alejandra Vigo.
