El presidente Javier Milei declaró ante los empresarios más importantes del país que se ha recortado la obra pública y que se ha hecho cero. Sin embargo, los datos oficiales muestran que a pesar del ajuste, aún existen 343 obras públicas en ejecución que han sido financiadas por el gobierno nacional con un total de $23.268 millones hasta el 18 de abril.
Esto demuestra que si bien se ha producido un recorte significativo, no se puede afirmar que la parálisis en la obra pública sea total. De hecho, hasta el 31 de diciembre de 2023 había 2010 obras en ejecución, lo que significa que solo el 17% de ellas se ha mantenido. En otras palabras, se ha interrumpido la ejecución de ocho de cada diez obras que no estaban finalizadas. Entre las obras que aún se mantienen en pie, predominan los proyectos de desagües cloacales y viales, aunque también se observan dos proyectos relacionados con la construcción de “aulas taller” en barrios vulnerables y ninguno relacionado con hospitales.
Estos datos provienen del análisis del Mapa de Inversiones Públicas elaborado por el área de Obras Públicas, donde el Gobierno informa sobre el detalle de sus obras, y del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN), que contiene los ítems en los que la administración nacional destina parte de su gasto, como obras públicas o compras de equipamiento. A pesar de que no es una base de acceso público, LA NACION obtuvo esta información a través de un pedido de acceso a la información pública que cuenta con estadísticas actualizadas hasta el 18 de abril.
Por otro lado, se consultó al Ministerio de Economía, que coordina la Secretaría de Obras Públicas, para conocer el criterio aplicado por el Gobierno en la selección de las obras que se han mantenido. Una fuente oficial del área respondió que se priorizaron las obras de envergadura nacional relacionadas con la seguridad vial, las cárceles y el control de inundaciones.
Sin embargo, hasta el 18 de abril, el Gobierno no había ejecutado ninguna obra de infraestructura carcelaria. Informaron que recién después de esa fecha se avanzó en las obras de las cárceles de Coronda en Santa Fe, Agote en la provincia de Buenos Aires y Benjamín Paz en Tucumán. También se detalló que se sumó la ejecución de una obra prioritaria en el Hospital Garrahan. Estas obras forman parte de un grupo de 28 que habían sido interrumpidas por observaciones administrativas.
Desde el punto de vista prioritario, se puede destacar que casi dos de cada tres obras no interrumpidas están relacionadas con el acceso al agua potable, las cloacas y los acueductos, ya que el 30% de la población no tiene acceso a desagües cloacales y el 20% no tiene acceso a redes de agua potable, según los últimos datos del Indec. Por otro lado, las únicas dos obras de construcción de “aulas taller” y la falta de proyectos de infraestructura hospitalaria contrastan con las problemáticas en la educación y la insatisfacción con el sistema de salud estatal. Estos son aspectos sociales importantes de la obra pública.
En cuanto a la esfera política, la obra pública ha generado complicaciones en el universo Milei. En primer lugar, provocó la renuncia del exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. En segundo lugar, ha generado reclamos y enfrentamientos con los gobernadores, especialmente con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Es interesante destacar que la provincia de Buenos Aires es la que tiene más obras dentro del grupo de las 343 obras que se han mantenido.
En este sentido, se puede decir que Kicillof y Jorge Macri se encuentran en polos opuestos. Según los registros oficiales, en territorio bonaerense hay 108 proyectos en ejecución con fondos nacionales, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay ninguno. La provincia de Córdoba ocupa el segundo lugar con 29 obras en ejecución financiadas por el Gobierno nacional, seguida de Entre Ríos con 25. Por otro lado, Santa Cruz, San Luis y San Juan son las provincias con menos obras en ejecución, con una, tres y tres respectivamente.
La dimensión económica de la obra pública también es relevante para un gobierno que busca ajustar el gasto y mantener el equilibrio fiscal. Según los registros oficiales, el Gobierno ha gastado $23.268 millones en las 343 obras que se han mantenido hasta el 18 de abril. El crédito comprometido, que muestra el gasto proyectado para todas las obras durante este año, asciende a $46.434 millones. Esto significa que en menos de cuatro meses se ha gastado la mitad de lo proyectado para todo el año.
Es importante destacar que al menos 179 de las 343 obras que se han mantenido tienen crédito comprometido a su favor pero aún no han recibido ningún pago durante este año. Esto representa más de la mitad de las obras. La mayoría de estas obras están relacionadas con proyectos de provisión de agua potable, que forman parte de un convenio a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.
Además, en la última modificación del Presupuesto Nacional publicada en el Boletín Oficial el 9 de mayo, se le quitaron $102.148 millones a la Secretaría de Obras Públicas y se los sumó a la Jefatura de Gabinete para asistir a otras entidades de la Administración Pública Nacional, como los gastos corrientes de empresas estatales. El Presupuesto siempre refleja las prioridades del gobierno de turno.
Entre Ríos es la provincia que ha recibido el mayor pago por parte del Gobierno, con un total de $2.376 millones. Sin embargo, desde la gobernación de Rogelio Frigerio expresaron su descontento y manifestaron que están en conversaciones con el gobierno nacional para destrabar los fondos destinados a proyectos de infraestructura en la provincia. Argumentaron que una obra parada cerca de su finalización genera un costo enorme si se demora mucho en reactivarla.
La segunda obra que ha recibido más fondos por parte del Gobierno se encuentra en el Gran Buenos Aires: el camino del Buen Ayre. Según los registros oficiales, se han pagado $1.984 millones por esta obra. Cabe destacar que este proyecto está dividido en tres tramos y los contratistas de dos de ellos son Contreras Hermanos y CPC, esta última perteneciente al Grupo Indalo, fundado por el empresario Cristóbal López y vinculado al kirchnerismo.
Por otro lado, la administración Kicillof ha manifestado su preocupación por la paralización de las obras y ha enviado notas al Ministerio de Infraestructura y al Ministerio de Economía solicitando la continuidad del financiamiento de más proyectos.
Las 343 obras que se han mantenido exponen las dimensiones sociales, políticas y económicas del recorte realizado por el Gobierno. También evidencian el impacto en el sector privado y la dependencia del financiamiento nacional de las provincias y municipios para llevar a cabo proyectos de infraestructura en una sociedad que los necesita.
